COVID-19: prestaciones por desempleo

Después, hay que tener en cuenta que se remitía a las prestaciones por desempleo. Lo primero es plantear que el Real Decreto no hacía mención, pero se entendió que implícitamente se debías aplicar los topes de desempleo mínimos y máximos, salvo que se pudiera interpretar que, ante la situación excepcional, no se debían aplicar los topes de prestación en función del número de hijos del beneficiario. La normativa no lo especificaba, pero hay esa situación.

Otra duda que se planteó es si los administradores sociales asimilados a trabajadores por cuenta ajena del Régimen General podían tener o no el acceso a esa prestación por desempleo. La respuesta fue, inicialmente, que no, porque la prestación por desempleo se vincula a la cobertura que establece el artículo 264 de la Ley General de Seguridad Social. Y en estos casos, los administradores sociales asimilados a trabajadores por cuenta ajena no tienen cubierta esa contingencia.

Se planteó una particularidad para los trabajadores fijos discontinuos, que no se vieron afectados también en los periodos de actividad que pudieron ser suspendidos a través de estas normas. Se facilitó un hecho importante: por un lado, se estableció que el trabajador no tuviera penalización si tardó más de 15 días preceptivos establecido la norma para solicitar las prestaciones y, por tanto, que no se le redujera la prestación en función de ese retraso. En relación con esto, el Servicio Público de Empleo abrió la ventana digital para tramitar las prestaciones de manera telemática. 

También afectó a la flexibilización en cuanto a la prórroga de los subsidios asistenciales y a la no necesidad de aportar la declaración anual de renta a los 12 meses de haberse declarado la situación de desempleo asistencial tal y como establece la Ley General de la Seguridad Social.